Internacionales: AI, contra la tortura en México, Nigeria, Filipinas, Sáhara y Uzbekistán

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EUROPA PRESS.- Amnistía Internacional ha denunciado que en
los últimos cinco años se han registrado casos
de torturas en 140 países del mundo, al tiempo
que ha anunciado la puesta en marcha de la
campaña global ‘Stop Tortura’, centrada en
erradicar esta práctica en Marruecos y el
Sáhara Occidental, México, Filipinas, Nigeria y
Uzbekistán, promoviendo el establecimiento de
“salvaguardias efectivas” para que los
detenidos no puedan ser maltratados ni
torturados.
En la rueda de prensa de presentación de la
iniciativa en Madrid, la directora adjunta de
Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-
Llanos, ha explicado que su organización ha
documentado casos de torturas en 140 países
en los últimos cinco años y que esta práctica
representa una “vergüenza política y
diplomática”.
“Un solo caso de tortura es inaceptable”, ha
subrayado, antes de hacer hincapié en que los
gobiernos no hacen lo suficiente para impedir
la tortura y para investigar a fondo los casos
de maltrato y torturas bajo custodia que se
denuncian.
Tras asegurar que en África la tortura es
“una práctica generalizada”, Suárez-Llanos ha
denunciado que “30 países” de este continente
ni siquiera contemplan en su legislación la
tortura como un delito a perseguir y ha
asegurado que Mauritania ha llegado a admitir
recientemente como prueba en un juicio una
confesión obtenida mediante tortura.
En América, ha afirmado que las condiciones
en que se encuentran los reclusos en prisiones
“de máxima seguridad” de Estados Unidos
pueden ser consideradas en muchas ocasiones
como un trato “cruel y degradante” y ha
puesto de manifiesto que, desde 2006, en
México han aumentado las denuncias de
torturas contra los agentes de las fuerzas de
seguridad y los ejércitos.
En Oriente Próximo, según ha explicado
Suárez-Llanos, AI ha observado que el régimen
sirio ha “generalizado” la tortura y la está
empleando de forma “sistemática”, lo que
supone un “crimen contra la humanidad”. En
Egipto y en Libia, dos de los países que han
sufrido los efectos de la denominada Primavera
Árabe, las torturas continúan “arraigadas”
porque las fuerzas de seguridad no están
sometidas a control.
La directora adjunta de AI en España ha
recalcado que la tortura y los malos tratos a
detenidos son “frecuentes” y “habituales” en
los países de la antigua Unión Soviética. En el
caso de Europa, estas prácticas “no son
frecuentes” pero, “cuando se producen”,
“quedan sin castigo”.
En este sentido, ha recordado la
“complicidad” de los países europeos en el
programa de vuelos secretos de la Agencia
Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y
ha denunciado que nunca fue “adecuadamente
investigado” este proyecto desde Europa.
Apoyada por el informe ‘La tortura en 2014’,
que recopila datos y casos sobre torturas en
todo el mundo, la campaña ‘Stop Tortura’ tiene
como objetivo luchar contra las torturas que
ocurren “en las sombras”, es decir, bajo
custodia policial, en Marruecos y el Sáhara
Occidental, Nigeria, México, Uzbekistán y
Filipinas, países en los que buscará imponer
“salvaguardas efectivas” que impidan que los
detenidos sean maltratados y torturados.
La organización no gubernamental ha
denunciado cinco casos de torturas sufridas
por detenidos en estos países como ejemplo de
la situación y ha exigido a las autoridades que
tomen medidas para investigarlos, perseguir a
sus autores y poner fin a la privación de
libertad de los agredidos.
DENUNCIA LAS TORTURAS SUFRIDAS POR
ALÍ AARRAS
Uno de los casos denunciados por AI es el de
Alí Aarras, un ciudadano belga-marroquí
nacido en Melilla que fue detenido por cargos
relacionados con terrorismo en España y
extraditado a Marruecos, donde ha sido
sometido a varias formas de torturas, que van
desde las amenazas a la violación, pasando por
descargas eléctricas en las orejas y los
genitales, quemaduras y palizas.
Su hermana, Farida Aarras, ha relatado en la
rueda de prensa de Amnistía que, en diciembre
de 2010, Alí estuvo doce días en régimen de
incomunicación en un “centro secreto” de la
Dirección General para la Vigilancia del
Territorio, donde comenzaron las torturas.
Ha asegurado que 16 guardias torturaron a
su hermano en el centro secreto de detención
hasta que firmó una confesión en árabe, en la
que se basó su posterior condena a prisión, y
que su hermano está decidido a denunciar los
abusos a pesar de las agresiones que ya ha
afrontado y que teme lo que le pueda pasar.
“No tiene intención de callarse”, ha subrayado.
Por otra parte, Suárez-Llanos ha dado a
conocer una encuesta realizada a nivel global
por su organización, con preguntas a 21.000
ciudadanos de 21 países, incluida España, en la
que “la gran mayoría de las personas”
consultadas, “más de un 80 por ciento”, creen
que es “crucial” que haya normas claras contra
la tortura y “más de un 40 por ciento” creen
que podrían ser torturadas si son detenidas.
Además, un tercio de los consultados
consideran que la tortura “en algunos casos”
puede estar “justificada”.
SALVAGUARDIAS FRENTE A LA TORTURA
Entre las medidas que Amnistía Internacional
propone como “salvaguardias efectivas” contra
la tortura figuran que sólo “agentes
autorizados” puedan realizar detenciones, que
los arrestados tengan acceso en todo momento
a un abogado, que la detención sea
comunicada a la familia del detenido y que se
guarden siempre “registros oficiales” de los
arrestos.
Durante la custodia, AI propone que la
“reclusión secreta” y el régimen de
incomunicación queden prohibidos, que se
garantice “un trato humano” al arrestado y
que cuente con “un mecanismo de quejas” que
sea “independiente, imparcial y eficiente”.
También exige que, en el marco del proceso
judicial, el arrestado sea llevado “sin demora”
ante un juez y que pueda “impugnar la
legalidad” de su detención, así como la
prohibición del uso en los tribunales de “las
declaraciones obtenidas mediante tortura u
otros malos tratos”.
La ONG exige la prohibición de toda forma
de tortura en los interrogatorios y que sean
grabadas en vídeo o, “por lo menos”, en audio
todas las sesiones, además de que los agentes
que hagan las preguntas no sean los mismos
que han practicado el arresto.
Tras la puesta en libertad, AI aboga por que
los arrestados puedan recurrir a “mecanismos
de queja independientes y efectivos”, tengan
acceso a exámenes médicos realizados por
“forenses independientes” y a que no puedan
ser trasladados a países en los que puedan
correr peligro de sufrir tortura y malos tratos.

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