Internacionales: Las FARC se comprometió a terminar con ‘cualquier relación’ con el narcotráfico

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EUROPA PRESS/Colombia.- El Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) han
emitido un comunicado en el que presentan los
principales deberes asumidos por ambas partes
en el acuerdo sobre el tercer punto de la
agenda del diálogo de paz, que versa sobre el
problema de los cultivos ilícitos de droga, y en
el que se incluye el compromiso de la guerrilla
de terminar “cualquier relación” que hayan
tenido con el narcotráfico.
En este pacto también se recoge que “el
consumo de drogas debe ser asumido como un
problema de salud pública” y se establece
como compromiso del Gobierno de “liderar un
proceso nacional eficaz para romper de
manera definitiva cualquier tipo de relación de
este flagelo con los diferentes ámbitos de la
vida pública”, incluyendo la puesta en marcha
de políticas y programas en esta dirección.
De esta forma, habría programas de
prevención del consumo y salud pública,
además de proyectos para la solución del
fenómeno de la producción y comercialización
de narcóticos. El comunicado también hace
referencia a planes para la sustitución de
cultivos de uso ilícito y recuperación ambiental
de las áreas afectadas por dichos cultivos.
En este último punto, ambas partes insisten
en la participación de las propias comunidades
en el diseño, ejecución y evaluación de los
citados programas, dando una especial
importancia a la implicación de las mujeres en
este proceso. Así, se pretende “proteger a los
eslabones más débiles de la cadena de
narcotráfico, que son los cultivadores y los
consumidores”.
   Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC
en La Habana, ha sido uno de los primeros en
referirse a este acuerdo sobre narcocultivos,
afirmando que “acorta distancia hacia la paz”.
En este sentido, aunque señala que quedaron
algunos puntos pendientes, añade que “estos
no pueden ser un obstáculo para la firma de
un acuerdo de paz que debe ser refrendado
por una constituyente”.
Durante su discurso, Márquez ha
aprovechado para cargar contra las políticas
de Estados Unidos respecto a la lucha contra el
narcotráfico y ha denunciado la intervención
de sus servicios secretos, que según el
guerrillero “han utilizado el negocio para
financiar campañas encubiertas, el lavado de
activos por parte de bancos de
norteamericanos y de Europa y la inyección de
‘narcodineros’ en algunos eslabones de la
economía”.
   Por su parte, el jefe del equipo negociador
del Gobierno, Humberto de la Calle, ha
explicado que el objetivo final es liberar a
Colombia de los cultivos ilícitos y de siembra
de coca y asegura que lo acordado “se
relaciona con lo pactado en el primer punto
sobre la reforma rural integral”.
El Gobierno, tras la firma del acuerdo de
paz, pondrá en marcha un programa de
limpieza de minas, lo que obliga a la guerrilla
al suministro de información sobre la
ubicación de estos artefactos, de acuerdo con
la información de la emisora colombiana
Caracol Radio, que añade que el Ejecutivo
reforzará la lucha contra el narcotráfico con la
creación de nuevas instituciones.
DIÁLOGOS DE PAZ EN LA HABANA
Tras este pacto, ahora Gobierno y FARC se
centrarán en el tema de las víctimas y la
justicia transicional. En este punto, la guerrilla
ha insistido en que debe crearse una Comisión
de la Verdad que ahonde en las causas y
consecuencias del conflicto armado
colombiano.
   Con ello, ya son tres los acuerdos alcanzados
por las partes en el marco del diálogo de paz.
Tras seis meses de intensas negociaciones,
finalmente el 26 de mayo de 2013 las partes
pactaron sobre desarrollo agrario y rural, el
primer punto de la agenda y el más importante
para la guerrilla, ya que sobre él pivota toda su
lucha armada.
El segundo acuerdo del proceso de paz llegó
el pasado 6 de noviembre, sobre participación
política. Los puntos clave son el compromiso
para crear un estatuto de la oposición, que
establezca sus derechos, deberes y garantías, y
una reforma electoral, que incluye
circunscripciones transitorias.
Todavía quedan por cerrar los temas del
abandono de las armas y el mecanismo de
refrendación del acuerdo final de paz, que será
el que legitime los anteriores, según el
principio en el que Gobierno y FARC han
basado las conversaciones de La Habana:
“Nada está acordado hasta que todo esté
acordado”.
   Desde el 8 de octubre y el 19 de noviembre
de 2012 en Oslo y La Habana,
respectivamente, Gobierno y Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) llevan a
cabo un diálogo de paz basado en una agenda
de seis puntos para poner fin a más de cinco
décadas de conflicto armado, en las que han
muerto 600.000 personas.
LAS FARC Y LA COCAÍNA
La Policía Antinarcóticos colombiana y
fuentes de inteligencia militar, consultadas por
el diario ‘El Colombiano’, sostienen que hay
veinte frentes de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) dedicados
casi de forma exclusiva a la producción y
comercialización de cocaína.
Este negocio soportaría los gastos generados
por los bloques Comando Conjunto de
Occidente, Sur, Oriental e Iván Ríos, de los
que depende la estrategia militar de las FARC.
Estos frentes operan en los departamentos de
Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Nariño,
Cauca, Valle del Cauca, Putumayo, Meta y
Caquetá.
   Entre los hechos que demostrarían esta
dependencia del dinero generado por las
drogas, el citado diario recuerda el hallazgo, el
pasado mes de noviembre, de un submarino de
12 metros de largo y tres y medio de ancho
cerca de Tumaco. El director de la Policía,
Rodolfo Palomino, aseguró que el sumergible
pertenecía a la guerrilla y que en él se podían
transportar ocho toneladas de coca que
desembarcarían en Centroamérica.
Por su parte, las autoridades colombianas
han indicado en varias ocasiones que hay
48.000 hectáreas sembradas de coca en 23 de
los 32 departamentos del país –según datos
del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito– y aseguran que
estas zonas “coinciden con los lugares en que
las FARC están asentadas”.
En el contexto de las conversaciones de paz
con el Gobierno, las FARC reconocieron su
vinculación al negocio. En concreto, la
guerrilla admitió que cobraban tributos por los
cultivos de drogas. “Nos vimos obligados a
establecer un régimen de tributación y de
regulación a las transacciones (con droga)
realizadas por los campesinos, siempre
pensando en sus derechos, protegiéndolos
frente a abusos de los narcotraficantes”,
aseguraron.
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